El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para endurecer las penas por el delito de femicidio, ampliar las circunstancias agravantes y fortalecer la respuesta judicial ante la violencia contra las mujeres en Honduras.
Con la reforma, el femicidio mantiene una pena base de 25 a 30 años de prisión. Sin embargo, cuando existan agravantes, la condena podrá aumentar de 30 a 40 años. En casos de delitos contra la vida cometidos en contextos de violencia de género o secuestros que terminen con la muerte de la víctima, las penas acumuladas podrán alcanzar hasta 60 años de prisión.
Entre las nuevas agravantes se incluye que el crimen haya sido precedido por violencia sexual, tortura, privación de libertad u ocultamiento de un delito sexual. También se contempla como agravante que el responsable sea un agente del Estado que utilice su cargo, autoridad, uniforme o arma de reglamento para cometer el delito.
La reforma también amplía la definición de relaciones desiguales de poder basadas en género, permitiendo a los tribunales considerar antecedentes de control, violencia psicológica, dependencia económica, situación de vulnerabilidad, pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes, discapacidad, edad u otras condiciones que aumenten la indefensión de la víctima.
Juzgados especializados
Otro punto relevante de la reforma ordena a la Corte Suprema de Justicia crear órganos jurisdiccionales especializados, con competencia nacional, para conocer casos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
La Corte tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir la normativa que regule el funcionamiento de estos tribunales y designar al personal encargado de atender los procesos.
Respaldo multipartidario
Diputadas de distintas bancadas respaldaron la aprobación de la reforma y destacaron la urgencia de fortalecer la protección legal de las mujeres hondureñas.
La vicepresidenta del Congreso, Lissi Matute Cano, señaló que los femicidios representan un flagelo para el país y afirmó que el Legislativo debe actuar frente a esta problemática.
Desde la bancada liberal, Alejandra Vallecillo recordó que, según datos del Observatorio de la Violencia, una mujer es asesinada cada 32 horas en Honduras, dejando familias destruidas y niños en orfandad.
Por su parte, la diputada de Libre, Doris Mendoza, destacó el trabajo de la Comisión de Equidad de Género y llamó a respaldar las medidas orientadas a proteger la vida de las hondureñas.
La aprobación unánime refleja un consenso entre las distintas fuerzas políticas para fortalecer las herramientas legales contra la violencia de género y avanzar hacia una mayor protección de las mujeres en el país.




