El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este lunes una iniciativa de reforma al Código Penal que busca endurecer las sanciones contra quienes asesinen a miembros de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia en Honduras, estableciendo la pena de privación de libertad de por vida.
La propuesta fue anunciada durante la sesión legislativa, tras una reunión entre la junta directiva del Congreso Nacional y jefes de bancada, donde además se discutieron otras medidas relacionadas con seguridad ciudadana y protección de la propiedad privada.
Reforma busca endurecer penas
Según explicó Zambrano, la iniciativa pretende fortalecer el marco legal para castigar con mayor severidad a quienes atenten contra la vida de policías, militares, fiscales y jueces mientras desempeñan sus funciones.
“Es una reforma al Código Penal que establece una sanción fuerte y ejemplar contra quienes atenten contra la vida de policías, militares y operadores de justicia en el ejercicio de sus labores”, expresó el titular del Poder Legislativo.
El parlamentario señaló que la propuesta surge en medio de recientes hechos violentos registrados en el país, entre ellos el asesinato de varios miembros de cuerpos de seguridad en el departamento de Cortés.
La reforma contempla la incorporación de los artículos 540-A y 540-B al Código Penal, con el objetivo de establecer prisión de por vida para quienes cometan este tipo de delitos.
“El delincuente debe saber que, si atenta contra la Policía, las Fuerzas Armadas, un fiscal o un juez, enfrentará todo el peso de la ley”, manifestó Zambrano.
La iniciativa será remitida a la Corte Suprema de Justicia para recibir opinión jurídica antes de avanzar a discusión y votación en el Congreso Nacional.
También plantean medidas contra invasiones de tierras
Durante su intervención, Zambrano informó además que la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana trabaja en un decreto especial orientado al combate de invasiones de tierras.
El presidente del Congreso señaló que las medidas buscan fortalecer la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y prevenir conflictos relacionados con disputas territoriales.
“Debemos garantizar el respeto a la propiedad privada, la inversión y la seguridad jurídica de los ciudadanos”, concluyó.
