El Congreso Nacional aprobó este miércoles, en tercer debate, la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de racionalizar el gasto público y fortalecer las finanzas del Estado.
La normativa establece un régimen de medidas fiscales y financieras de carácter extraordinario, excepcional y temporal, orientadas a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo humano.
Reorganización institucional y reducción del gasto
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la ley, a suprimir, fusionar o reducir instituciones de la administración pública descentralizada y desconcentrada. Estas acciones podrán incluir la disminución de servicios o la reducción de personal por razones presupuestarias, garantizando el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La ley establece que, una vez canceladas las indemnizaciones, se considerará extinguida la obligación ante los juzgados y tribunales. En caso de que el personal se niegue a recibir el pago, este podrá consignarse ante la autoridad administrativa o judicial competente.Las alcaldías e instituciones descentralizadas podrán aplicar medidas similares en lo que resulte pertinente.
Regulación de embargos al Estado
La legislación también introduce disposiciones para regular los embargos derivados de sentencias judiciales firmes contra el Estado. Los juzgados deberán remitir copia certificada de la sentencia a la Tesorería General de la República y al órgano condenado, a fin de que los pagos se ajusten a la disponibilidad presupuestaria y no afecten servicios esenciales.
Según datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos al Estado han alcanzado cerca de 10,000 millones de lempiras, con un promedio anual de 2,000 millones. Solo en los primeros 15 días de gobierno, las demandas habrían generado un impacto superior a 3,000 millones de lempiras sobre el Tesoro General.
Conciliaciones y control presupuestario
La ley faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar conciliaciones judiciales, arbitrajes y procesos ante instancias internacionales, con el propósito de evitar mayores perjuicios económicos.
Los acuerdos extrajudiciales deberán contar con disponibilidad presupuestaria, dictámenes legales de la Secretaría de Finanzas y homologación judicial. Además, cuando el monto sea igual o superior a cinco millones de lempiras, requerirá opinión favorable de una comisión de diputados del Congreso Nacional.
Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y gasto de capital dentro de las instituciones del Ejecutivo, excluyendo a los otros poderes del Estado y a los órganos constitucionales.
Posturas en el Congreso
Durante el debate, el Partido Liberal logró incluir una disposición que protege a los empleados que ingresaron por concurso de oposición, excluyendo a quienes fueron nombrados en las últimas semanas de la administración anterior.
La iniciativa fue aprobada con 90 votos a favor de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, Pinu y Democracia Cristiana. La bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra.
Con esta ley, el Gobierno busca ordenar las finanzas públicas y sentar las bases para una reactivación económica en el corto y mediano plazo.
