Durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, alertó sobre la crítica situación de la violencia contra las mujeres, el aumento de la carga judicial y la necesidad urgente de fortalecer el sistema de justicia en Honduras.

En su intervención, Obando reveló que en 2025 se registraron 14,685 denuncias por violencia doméstica, concentradas principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que acumulan entre el 20 y 25 por ciento de los casos a nivel nacional. Asimismo, informó que durante el mismo año se contabilizaron 262 muertes violentas de mujeres, una problemática que continúa siendo una de las principales causas de muerte femenina en el país.

La titular del Poder Judicial advirtió sobre serias debilidades en las investigaciones, al señalar que solo 10 de esas muertes fueron tipificadas como femicidio, y que el Ministerio Público judicializó apenas el 50 por ciento de los casos. Además, indicó que aunque el 57 por ciento de las resoluciones judiciales en casos de violencia doméstica favorecieron a las víctimas, cerca del 30 por ciento de los procesos se declaran en abandono, reflejando barreras de acceso a la justicia.

Como parte de las acciones para enfrentar esta problemática, Obando anunció la creación del Observatorio de Justicia y Género, que permitirá identificar territorios de alto riesgo, especialmente en zonas de Lempira e Intibucá, y focalizar estrategias de prevención.

La magistrada también solicitó al Congreso Nacional respaldo para aprobar reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica, elaboradas junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y la sociedad civil, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección a las víctimas.

En otros temas, informó que anualmente ingresan más de 14,500 casos de familia, en su mayoría relacionados con pensiones alimenticias; que en 2025 el sistema penal recibió 45,135 casos, un incremento del 20 por ciento; y alertó sobre el aumento de demandas laborales contra el Estado, especialmente en períodos de transición gubernamental.

Finalmente, exhortó al Congreso a garantizar al Poder Judicial la asignación constitucional mínima del 3 por ciento de los ingresos corrientes, advirtiendo que sin mayor inversión se limita la capacidad de respuesta del sistema judicial ante la creciente demanda de justicia.