A través de una nota de prensa, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rebeca Raquel Obando, alertó que el proyecto de decreto actualmente en trámite legislativo representa diversos “riesgos jurídicos, operativos e institucionales” que afectarían gravemente el funcionamiento efectivo de la administración de justicia.

“Confiarle al pleno las funciones disciplinarias relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados compromete la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación”, advirtió.

“Una reforma de esta naturaleza afectaría gravemente las funciones administrativas y jurisdiccionales, ya que los magistrados integran las salas civil, constitucional, penal, laboral y contencioso administrativo”, insistió.

Argumentó que resulta indispensable instalar de inmediato una mesa técnica interinstitucional para implementar una solución real que contemple la aprobación de una “nueva Ley del Consejo de la Judicatura”.

“Pero también reitera, con claridad y firmeza, que no puede acompañar una aprobación acelerada de una reforma con riesgos estructurales no resueltos, porque hacerlo comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad democrática que Honduras necesita”, afirmó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.