Con el objetivo de garantizar la
equidad entre los actores políticos durante el proceso electoral, el Consejo
Nacional Electoral (CNE) anunció que a partir del uno de octubre de 2025 queda prohibida
la realización de actos inaugurales de obras públicas en todo el país.
La medida, sustentada en lo
establecido por la Ley Electoral de Honduras, busca evitar el uso político de
recursos estatales durante la campaña de cara a las Elecciones Generales del 30
de noviembre, donde se elegirá al próximo presidente, diputados y alcaldías
municipales.
¿Qué implica
esta prohibición?
La disposición se aplica exclusivamente
a ceremonias de inauguración o actos públicos de entrega de obras financiadas con
recursos estatales. Sin embargo, no impide la ejecución ni finalización de
proyectos en curso.
“El principio de equidad electoral
exige que ningún funcionario utilice plataformas institucionales para promover
su imagen o la de su partido durante el período electoral”, subrayó el CNE en
su comunicado.
Sanciones para
los infractores
El CNE advirtió que cualquier
incumplimiento de esta norma será sancionado con multas equivalentes a dos
salarios mensuales, las cuales se duplicarán en caso de reincidencia. Además,
los funcionarios responsables podrían enfrentar procesos de destitución según
la gravedad de la falta.
Definición de
obras públicas y excepciones
De acuerdo con la Ley de Contratación
del Estado, se consideran obras públicas todos los proyectos relacionados con
la construcción o mantenimiento de carreteras, puentes, presas, aeropuertos,
acueductos, así como modificaciones del terreno, reparaciones, o demolición de
estructuras existentes.
Se exceptúan de esta prohibición las
campañas institucionales informativas de carácter electoral, sanitario, de
protección civil, seguridad pública o emergencias, siempre y cuando no
incluyan imágenes, nombres, voces o firmas de autoridades, partidos o
candidatos.
Llamado a
medios y funcionarios
El CNE exhortó a funcionarios
públicos, empleados estatales y medios de comunicación a respetar y hacer
cumplir esta disposición, colaborando en la construcción de un proceso
electoral transparente, democrático y justo. La institución también confirmó
que mantendrá un monitoreo activo y aplicará las sanciones correspondientes en
caso de violaciones a la normativa.
