El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsadas por el Gobierno del presidente a través de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para combatir la extorsión, las maras, el crimen organizado y otras estructuras delictivas que afectan a la población hondureña.
Las medidas incluyen nuevas capacidades legales, operativas y tecnológicas para enfrentar delitos relacionados con extorsión, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y control territorial ejercido por grupos criminales.
Endurecen penas por extorsión
Uno de los principales cambios eleva las penas por extorsión de 10 a 15 años hasta 15 a 20 años de prisión, manteniéndose la prisión perpetua cuando el delito derive en la muerte de una persona.
Además, se amplían las modalidades del delito para incluir amenazas directas e indirectas, uso de medios electrónicos, operaciones coordinadas desde el extranjero y participación de estructuras criminales organizadas.
También se incorporan nuevas agravantes, entre ellas: Provocar el cierre de negocios, utilizar menores de edad, suplantar autoridades policiales o militares, cometer extorsión desde el extranjero, aprovechar vínculos familiares, laborales o de confianza.
Investigación sin necesidad de denuncia
Las reformas convierten la extorsión en un delito de acción pública, permitiendo al Ministerio Público iniciar investigaciones aun cuando las víctimas no presenten denuncias formales.
La medida busca reducir las barreras que enfrentan ciudadanos afectados por amenazas o temor a represalias.
Maras y pandillas podrán ser consideradas organizaciones terroristas
El nuevo marco legal amplía la figura de asociación terrorista e incorpora elementos como intimidación colectiva, violencia sistemática y control territorial.
Asimismo, contempla que maras, pandillas y estructuras criminales transnacionales puedan ser catalogadas como organizaciones terroristas, conforme a determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Nueva Agencia Nacional Contra el Crimen
Como parte de las reformas también se crea la Agencia Nacional Contra el Crimen, que coordinará acciones entre instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal.
Además, las empresas de telecomunicaciones y entidades financieras deberán suministrar información requerida por autoridades judiciales dentro de plazos establecidos para fortalecer investigaciones criminales.
Las nuevas disposiciones también declaran prioridad nacional la modernización del sistema penitenciario, incluyendo la construcción y equipamiento de nuevos centros penales.
Las autoridades señalaron que estas reformas buscan fortalecer la seguridad, proteger a las familias hondureñas y mejorar la capacidad del Estado frente al crimen organizado.
